Ante centenares de simpatizantes y empleados estatales, Ortega apeló a la Constitución de Nicaragua que establece elecciones cada 5 años, para negarse al anticipo de los comicios.
“Aquí las reglas las pone la Constitución de la República, a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, dijo Ortega.
Con esas palabras rechaza la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, como han planteado la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El mandatario también tuvo palabras para los obispos, que actúan como mediadores en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población, para superar la crisis.
“Aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas, que se acuerden de Cristo. Cristo nos mandó amarnos los unos a los otros y ese ha sido nuestro esfuerzo en la práctica cristiana, socialista y solidaria”, sentenció Ortega.
Horas antes, la iglesia católica de Matagalpa consagró como diácono al religioso Sadiel Eugarrios, una semana después de que recibiera amenazas de muerte.
La comunidad indígena de Sutiaba, en León, permaneció sitiada desde la madrugada por las “fuerzas combinadas” del Gobierno, que operan con armas de guerra.
Un total de 19 personas arrestadas por protestar contra el Gobierno fueron liberadas por gestiones del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, a pesar de que grupos oficialistas presionaron a la Policía para evitar el rescate, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Tanto la CIDH, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones denunciadas destacan “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, aunque el Gobierno de Nicaragua ha rechazado esas acusaciones.
(de www.elnuevodiario.com.ni)